Gestión de Tecnologías de la Información

La implementación de tecnología de la información y de la comunicación en el ámbito público se distingue por la necesidad de lograr en mayor o menor medida la vinculación entre las dependencias y entidades de la administración, bien del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como la interacción con los ciudadanos que acuden a solicitar el desahogo de un trámite o a la obtención de un servicio.

Cada operación de TI habrá de desarrollarse en el entorno de un marco jurídico diferente que demanda considerar las características propias de cada segmento de actividad que desarrolla el Estado: salud, educación, obra pública, etc., además de los mecanismos de aseguren el debido control y operación de la infraestructura tecnológica en favor de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia inherentes al servicio público.

Consecuentemente las inversiones dirigidas a operaciones de TI tendrán que asegurar el responder a requerimientos actuales de la ciudadanía y a su vez deberán estar concatenados a un proceso de mejora continua que actualice las herramientas tecnológicas definidas conforme las atribuciones y facultades vigentes lo requieran.

Nuestro Enfoque

Para JUST&SIGN la debida gestión de tecnologías de la información apegadas al marco normativo y al contexto de los planes de desarrollo determinados, permitirá alcanzar las metas de la administración y sobre todo tenderá a generar áreas más eficientes, servidores públicos más eficaces y mayor valor para la ciudadanía. Ese es el sentido de buscar con las TI un servicio de calidad que supere las expectativas del interesado, al mostrarle de manera palpable los beneficios de la tecnología, al recibir información precisa, evitar las largas filas o incluso disuadir el contacto con la dependencia o entidad al solventar su requerimiento desde la comodidad de su casa u oficina.

Basándonos en las mejores prácticas aceptadas nos ocupamos de definir las estrategias del servicio, plantear el mejor diseño acorde al marco jurídico aplicable y, a partir de ello, establecer los esquemas de transición que serán indispensables para mantener la atención de la población objetivo y a su vez incorporar las nuevas soluciones tecnológicas hasta lograr migrar al nuevo modelo de operación.